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Servindi, 17 de febrero, 2012.- Un debate en torno a los límites de la propiedad de la tierra confrontó ayer a quienes postulan su crecimiento ilimitado y a los que proponen que debe democratizarse el acceso a la tierra a fin de asegurar la soberanía alimentaria.

La Audiencia Pública: Límites a la Propiedad de la Tierra, fue organizada por la Comisión Agraria del Congreso, en virtud al proyecto de Ley N° 763/2011-CR, que propone un límite de 10 mil hectáreas para la costa, 5 mil Ha. para la sierra y 20 mil Ha. para la selva. Además que ningún valle o cuenca tenga un solo propietario que acumule más del 30 por ciento de la tierra agrícola.

El proyecto y su exposición de motivos es una modificación del proyecto de Ley N° 545/2011-CR, que propone un límite de 25 mil Ha.

Hace días Luis Ginocchio, ministro de Agricultura, Luis Ginocchio, expresó la intención de su sector de poner límites a la propiedad de las tierras, con el fin de proteger a los pequeños y medianos agricultores.

Como es sabido, recientemente el Grupo Gloria adquirió 15,000 hectáreas del proyecto Olmos, con lo cual acumulará alrededor de 80,000 hectáreas en el país.

Un consenso general es que el tema es complejo y controvertido, por lo que deberán realizarse audiencias descentralizadas. De esta manera el debate recién se inicia y José León Rivera, presidente de la Comisión, anunció una próxima sesión en la localidad de Chiclayo.

Propiedad y seguridad alimentaria

La jornada fue inaugurada por Daniel Abugattás, presidente del Congreso, quién enfatizó que el límite a la propiedad de la tierra deber estar relacionado al concepto de seguridad alimentaria para que permita al país salir definitivamente del subdesarrollo.

Expresó que la propiedad de las tierras debe garantizar la seguridad alimentaria y se mostró en contra de fijar límites a esta propiedad.

“No importa que alguien tenga 60,000 hectáreas, si 20,000 están destinadas a la alimentación popular cómo voy a oponerme si alguien tiene una cantidad importante para alimentar al pueblo”, comentó.

Señaló que el Estado en un principio subsidiaba al campesino, pero ahora los subsidios se han orientado a los empresarios que compran por 4,500 dólares tierras valoradas en 20,000 dólares, en referencia a los lotes del proyecto Olmos.

Abugattás anunción que próximamente dará a conocer sus aportes para el debate de los proyectos de Ley que proponen establecer límites a la propiedad de la tierra de uso agrícola.

La posición privada neolatifundista

Juan Varillas, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), expuso que colocar límites a la propiedad agrícola resta competitividad a ese sector y económicamente siempre será contraproducente. Cuestionó además que exista una base legal suficiente para esta restricción.

Agregó que es importante velar porque la concentración del poder económico no perturbe las dimensiones social y política del país, pero también es importante construir una normativa que armonice estas tres dimensiones.

En un medio más dinámico y cambiante es cada vez menos práctico establecer restricciones absolutas como un límite a la propiedad de la tierra, señaló.

La posición de la ADEX fue secundada por Guillermo Van Oordt, presidente de la Asociación de Gremios Agroexportadores (AGAP) quién expresó su preocupación por la gran “informalidad en el sector agrario” y enfatizó en la necesidad de asegurar un uso más eficiente del agua.

Alfredo Bullard, representante de la Cámara de Comercio de Lima, destacó que el proyecto tiene un débil análisis de costo y beneficio y no presenta un claro “interés público”. Además, carece de una evaluación sustentada pues la última data es del Censo Agrario de 1994 y se requiere información para regular.

La posición democratizadora

Lucila Quintana, presidenta de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), defendió el acceso democrático a la tierra orientada a la producción nacional y a la soberanía alimentaria.

En tal sentido consideró prioritario que el Estado peruano culmine la titulación en el sector agrario y brinde facilidades para que los pequeños y medianos productores organizados accedan a las tierras ganadas para la agricultura con inversión pública.

Quintana cuestionó que las tierras obtenidas con proyectos de irrigación solo sirvan para grandes inversionistas, a pesar que son financiados con el dinero de todos los peruanos.

Los productores de café tienen propiedades de 1 a 5 hectáreas y son altamente competitivos, afirmó la representante de Conveagro, quién con su testimonio personal rebatió la tesis de que sólo la gran inversión es competitiva.

Finalmente, Lucila Quintana pidió atender la agenda agraria y trabajar una estrategia integral para el campo. “Nuestro tema es alimentar a 30 millones de habitantes en el Perú”, afirmó.

Por su parte Jorge Prado, de la Confederación Campesina del Perú (CCP), demandó al actual gobierno profundizar los grandes cambios que ofreció en su campaña y en este sentido valorar y atender a las comunidades campesinas y a los pequeños agricultores.

Fernando Eguren, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), y Reynaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias, sostuvieron que la norma contribuirá a evitar la reconcentración excesiva e irracional de la propiedad de la tierra y evitar que un propietario influya en la junta de regantes de un valle o sector.

Eguren expresó su preocupación por que el Estado peruano subsidie en 15,500 dólares por hectárea a los grandes inversionistas privados otorgándoles lotes en Olmos a un precio de US $ 4,500 cuando su costo real es de 20,000 mil dólares por hectárea.

Eguren defendió la atribución del Estado de decidir políticas de propiedad agraria y orientar la producción agraria porque están de por medio recursos públicos y la necesidad de atender la alimentación de la población.

Fernando Eguren consideró que el tema de la tierra ha adquirido nuevamente importancia no solo en el Perú, sino en el mundo, a raíz de los procesos de concentración de la propiedad de la tierra que está ocurriendo en diversas partes del orbe.

Eguren también cuestionó el mito de que sólo la gran inversión es eficiente o atractiva. Al respecto indicó que la agricultura familiar asociada se adapta mejor a los diversos cambios y factores de la producción.

Reynaldo Trinidad Ardiles señaló que está de acuerdo con la grande, mediana y pequeña propiedad; pero no lo está con la “propiedad ilimitada”, que quisiera tener como únicos límites los fronterizos como país.

Mostrando un aviso periodístico de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) en el que se denuncia los intentos de una supuesta “reforma agraria” Trinidad criticó a ciertos sectores gran empresariales que intentan confundir a la opinión pública para defender sus intereses particulares.

Señaló que la propuesta de limitar la propiedad de la tierra agrícola no tiene nada que ver con una reforma agraria, debido a que no es lo mismo proponer una redistribución de la propiedad de la tierra a fijar límites en su expansión ilimitada.

 

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/59548



Servindi, 16 de febrero, 2012.- Las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad dirigirán un pedido formal al presidente Ollanta Humala para que se modifique la Ley de Consulta Previa en un plazo de 30 días.

En caso de que no prospere el cambio de la norma, se levantará una demanda de inconstitucionalidad para que sea el Tribunal Constitucional quien se encargue de la derogatoria de la norma.

Acuerdos de las organizaciones indígenas (Aidesep, CCP, CNA, Onamiap, Conacami):

- Exigir la modificación de la Ley de Consulta Previa y dar un plazo perentorio de 30 días al Estado para que esto se produzca. De no haber ninguna respuesta se iniciará acción ante el Tribunal Constitucional y la CIDH.

- Rechazar el Borrador de la Propuesta de Reglamento presentada por el viceministerio de Interculturalidad.

- No participar en el diálogo con la Comisión Multisectorial si no hay respuesta del Estado en 30 días.

- Demandar la creación de una Institucionalidad Estatal Indígena con rango ministerial, con autonomía y los recursos necesarios.

- Exigir una nueva Constitución Política.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), que no integra el Pacto de Unidad, fue de la opinión que debería continuarse con el proceso de diálogo para elaborar el Reglamento aunque también expresó su conformidad para que se modifiquen algunos artículos de la Ley de Consulta.

Los esfuerzos del viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra Quispe, y el jefe de Indepa, Gustavo Zambrano Chávez, fueron infructuosos al no conseguir que los pueblos indígenas concreten sus aportes al proyecto de Reglamento de la Ley de Consulta Previa.

Por el contrario, con el transcurrir de los debates, fue más claro para las autoridades comunales y dirigentes de federaciones que la propia Ley de Consulta contenía artículos que no garantizaban el ejercicio de su derecho a la consulta con miras a obtener su consentimiento o lograr un acuerdo con el Estado.

El proyecto de Reglamento, elaborado por el viceministerio de Interculturalidad recibió, a su vez, calificativos de “valla muy baja en derechos”, “minimalista” y “poco garantista”.

En medio de este proceso y conociéndose la crisis que se avecinaba, Gustavo Zambrano declaró a la agencia estatal Andina: “La mayoría de comunidades indígenas respalda la Ley de Consulta Previa y valoran su reglamentación como un mecanismo para identificarse más con el Estado”. (En: http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-indepa-pueblos-indigenas-respaldan-consulta-previa-y-esperan-desarrollo-equitativo-398144.aspx)

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/59445



Servindi, 9 de febrero, 2012.- Cajamarquinos, puneños, ayacuchanos, arequipeños, lambayecanos, cusqueños, loretanos, trujillanos, huancaínos, ancashinos, pasqueños, piuranos, huancavelicanos, en fin, delegaciones de casi todos los departamentos del país marcharán mañana en las calles de Lima por un problema que ha cobrado carácter nacional: el acceso al agua y la protección de las cabeceras de cuenca.

Hoy en horas de la mañana, más de mil pobladores de la parte norte de Lima recibieron con una lluvia de aplausos, música y algarabía a los caminantes de la Marcha del Agua. No se solidarizaban únicamente con el caso de Cajamarca y el proyecto minero Conga, sino que se sumaban como una región más a las demandas para que se declare intangible las nacientes, se prohíba el uso de mercurio y cianuro en minería y se considere el acceso al agua un derecho humano.

Fueron nueve días de marcha por la costa norte del país y un tramo en la sierra de Cajamarca, a la antigua usanza: con alegría, cánticos, pagando la tierra ante las divinidades ancestrales y sin actos de violencia. En cada parada la población expresaba con naturalidad su apoyo con productos tiernos y chichas frescas para los caminantes. Ha sido ciertamente una experiencia única en varias décadas.

Y tras esta experiencia única de haberse coronado una marcha de nueve días por cinco departamentos del país, estamos a vísperas de otra experiencia singular en décadas: la marcha de mañana con delegaciones de la mayoría de regiones y de decenas de organizaciones sociales.

Las veces que apreciábamos algo parecido era cuando el gobierno paseaba residentes de la capital con trajes típicos de sus terruños y, en efecto, delegaciones provinciales traídas en buses alquilados por el Estado. Eso hacía el Indepa en la época de Alan García, por ejemplo.

Lo de ahora se llama voluntad. Libre albedrío para designar una comitiva que venga a Lima y marchar por su comunidad. Libre determinación para decir presente en una marcha que busca incidir en mejorar las políticas ambientales e hídricas.

No hay cabezas visibles en la marcha, mejor dicho, hay demasiadas cabezas. No hay necesidad de que el Gobierno y el aparato oficialista politice este reclamo. Se trata de propuestas técnicas de los ciudadanos para vivir en un medio ambiente sano. La población espera que el Gobierno emita un gesto de buena fe, respeto y apertura.

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/58909#more-58909



Los productores agrarios del país demandan con urgencia al Estado, a través del Ministerio de Agricultura (Minag) y los Gobiernos Regionales, culminar el proceso de titulación de tierras, medida la cual les permitirá convertirse en sujetos de crédito y poder calificar a los diversos programas estatales que ofertan recursos.
 
Así lo sostuvo la presidenta de Conveagro, Lucila Quintana, quien manifestó que si bien es necesario poner límites al tamaño de la propiedad de la tierra; resulta prioritario que los más de dos millones de productores agrarios se sientan dueños de las parcelas y fincas que trabajan para vivir generando recursos y empleo en el país.
 
En ese sentido, reiteró el pedido al gobierno de cumplir con la  transferencia de los S/. 100 millones que por la Ley de Relanzamiento le corresponde al Agrobanco.
 
“La titulación de tierras y el crédito agrario van de la mano y son temas que el gobierno debe atender con prioridad”, agregó.

Fuente:
http://www.larepublica.pe/03-02-2012/productores-agrarios-piden-culminar-proceso-de-titulacion-de-tierras



Lorenzo Castillo, Secretario general de la Junta Nacional de Café,

  • demandó al Congreso no eliminar la ley aprobada en la anterior legislatura, que precisa la naturaleza del acto cooperativo y que permite la inafectación del Impuesto General a las Ventas y del Impuesto a la Renta a las operaciones internas de las cooperativas.
  • “Al parecer para el MEF solo existen las sociedades anónimas y las mypes, y excluye a las cooperativas como organizaciones”, lamentó Castillo.

Fuente:
http://elcomercio.pe/impresa/notas/solicitan-al-parlamento-apostar-cooperativas/20110830/1261336



César Rivas, presidente de la Junta Nacional del Café (JNC),

  • afirmó que la medida desincentivaría la formalización de los agricultores y no contribuiría a la política de inclusión social del gobierno. Señaló que el Estado no promueve la iniciativa empresarial y cuando lo ha intentado ha fracasado.
  • Por esta razón, consideró que las organizaciones cooperativas están siendo ignoradas. Asimismo, resaltó que tienen la voluntad de dialogar con las autoridades.
  • “Nosotros no cerramos las carreteras sino que hemos tocado la puerta de los congresistas”, manifestó

Fuente:
http://www.agraria.pe/noticias/%E2%80%9Cderogar-ley-del-acto-cooperativo-es-incoherente%E2%80%9D



Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café (JNC)

  • afirmó que los cafetaleros esperan que el proyecto de ley que contra las cooperativas sea desestimado en el Congreso.
  • Explicó que el consejo directivo del Congreso ha derivado el proyecto a la Comisión de Economía y a la de Producción, Mypes y Cooperativas, a las cuales les corresponde debatir el tema.
  • Luego de pasar por estas instancias, puede sumarse la intervención de la Comisión Agraria.
  • Explicó que todas las operaciones internas entre las cooperativas y sus socios son actos mercantiles, por lo cual se tiene que pagar IGV e Impuesto a la Renta (IR).
  • De esta manera, hay una doble tributación, ya que cuando se realiza una operación por delegación para enviar el producto al mercado externo, se vuelve a pagar IR.
  • “Lo que no quiere entender esta burocracia es que la cooperativa es una operación por delegación, con el objetivo de alcanzar economías de escala. Si anulo ese criterio, las cooperativas serían sociedades anónimas, pero éstas realizan transacciones en función al capital y no al trabajo”, manifestó.
  • Concluyó que, al desconocer el acto cooperativo, la SUNAT desincentiva la asociación entre los pequeños agricultores.

Fuente:
http://www.agraria.pe/noticias/%E2%80%9Cesperamos-que-no-deroguen-ley-del-acto-cooperativo%E2%80%9D



Hugo Miranda Vizcarra, representante de la Asociación de Agrarios-Reforestadores- y Mineros de la Pampa de la comunidad Nueva Arequipa

  • señaló que los mineros informales fuertemente armados han incursionado en propiedades privadas como son predios agrícolas titulados y petitorios mineros con derechos adquiridos.
  • “El problema puede generar un grave enfrentamiento, hay amenazas de muerte contra nuestras familias, están ejerciendo en verdad la ley de la selva y no hay apoyo de nadie, todos los días el numero de invasores crece y estamos seguros que si el Estado no asume medidas podría desencadenarse un estado de violencia extrema.
  • El Presidente Regional de Madre de Dios ha dicho que inclusive el narcotráfico esta aliándose con los mineros informales y ya existen zonas liberadas donde el Estado no puede ingresar”,”,señaló Miranda Vizcarra.
  • Señalan los dirigentes que la situación es más que dramática ya que el problema se está extendiendo a otras zonas, como Cusco.

Fuente:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/nacional/denuncian-riesgo-de-grave-conflicto-social_93024.html



Diario La República

  • informó que en pos de defender los intereses de los cafetaleros del país, los parlamentarios por Junín Johnny Cárdenas, Casio Faustino Huaire y Federico Pariona lamentaron la decisión del Ejecutivo de pretender derogar la Ley del Acto Cooperativo.
  • Pariona resaltó la importancia de seguir con la norma para no restar competitividad a las exportaciones de uno de nuestros productos bandera, que representa el primer puesto de exportaciones agrarias.
  • “Tenemos la intención de que el Congreso de la República brinde apoyo a los pequeños productores del grano para promover el consumo interno”, aseguró Pariona.
  • El parlamentario lamentó que el café solamente dedique el 5% de su producción al mercado interno, mientras que el 95% restante se destina al mercado internacional.
  • “Estamos planteando una reunión con el ministro de Agricultura para rescatar a estos productores”, dijo.

Fuente:
http://www.larepublica.pe/impresa/congresistas-de-junin-salen-en-defensa-de-cafetaleros-2011-08-20



Miguel Caillaux, ministro de agricultura

  • informó que derogar la denominada Ley del Acto Cooperativo afecta a los pequeños agricultores de las cooperativas "es una metida de pata que la vamos a corregir".
  • La Ley del Acto Cooperativo señala que la venta de la producción del agricultor a las cooperativas no está gravada con impuestos, dado que estas últimas no tienen fines de lucro, pero sí se gravan las operaciones de las cooperativas con terceros.
  • Derogar esa ley es tener "una visión equivocada sobre lo que es el trabajo cooperativo. Pero ya hemos hecho ver que es un error considerar que las entregas del producto del socio pequeño a su cooperativa para que lo comercialice es una venta que debe ser gravada".
  • Argumenta que no se puede pretender que los productores pequeños sean empresarios independientes, cuando "muchos de ellos no tienen ni siquiera una contabilidad".

Fuente:
http://gestion.pe/impresa/noticia/ministro-agricultura-defiende-exoneracion-cooperativas/2011-08-22/36447