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El director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Laureano del Castillo, consideró necesario poner un límite a las propiedades de tierras agrícolas, dada la escasez de terrenos útiles para la agricultura.

Afirmó que en esas condiciones, mantener una legislación que no señala ningún límite a la extensión de tierras plantea problemas que tienen que ver con concentración de terrenos.

“Las reglas legales y económicas establecidas en los últimos 15 o 20 años están hechas para facilitar el acceso a las tierras a los grandes empresarios y limitar el acceso a los pequeños”, manifestó.

Manifestó que otro factor en contra de esta situación es que la concentración de tierras en grandes empresas se ha producido por adjudicaciones hechas por el Estado, lo cual implica además una fuerte inversión de este.

“Hay ahí inversión fuerte del Estado que va a beneficiar a algunas empresas y no a la inmensa mayoría de pequeños y medianos agricultores. Entonces ahí tenemos una distorsión”, expresó.

 

Fuente:
http://gestion.pe/noticia/1376907/cepes-limites-tierras-acabaria-distorsiones



Servindi, 19 de febrero, 2012.- El experto en temas agrarios Laureano del Castillo sostuvo la necesidad de avanzar hacia una gobernanza responsable en la tenencia de la tierra durante la audiencia sobre límites a la propiedad agrícola realizada el jueves 16 en el Congreso de la República.

Durante su exposición, Laureano Del Castillo señaló que una gobernanza responsable en la tenencia de la tierra favorece en particular a las personas pobres y vulnerables y es un factor clave en la erradicación de la pobreza y el hambre.

Laureano del Castillo observó que la gran concentración de la tierra agrícola es un fenómeno global que vuelve a ser una preocupación actual observada por diversos organismos internacionales como la FAO.

El Proyecto Dinámica del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe realizó el 2011 un estudio de caso en cuatro países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, observando presiones comerciales sobre la tierra y una concentración sobre el control de la misma.

Los cultivos de la concentración son principalmente la soya en Bolivia; la palma aceitera, la caña de azúcar, la soya y el maíz en Colombia; la caña de azúcar y la palma aceitera en Ecuador y la caña de azúcar y la palma aceitera en el Perú.

La concentración se debe a que durante la década de 1990 la tendencia general de la legislación sobre tierras abrió el mercado de tierras, flexibilizó o eliminó los límites al tamaño de los predios, estimuló las inversiones nacionales y extranjeras a expensas de debilitar las formas comunales de propiedad y marginar la agricultura familiar.

Directrices sobre gobernanza responsable de la Tierra

Citando las las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques de la FAO Laureano destacó que la gobernanza responsable promueve el crecimiento económico y el desarrollo social pero también protege el medio ambiente y la sostenibilidad.

Si bien actualmente las directrices tienen un carácter voluntario y se encuentran en proceso de negociación se trata de reglas, principios, estándares internacionales, para afianzar una gobernanza responsable en lo referente a los derechos de acceso y uso de la tierra, la pesca y los bosques, indicó.

Tales directrices se basan y constituyen un seguimiento a la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural realizada en Puerto Alegre en 2006 y su formulación está estrechamente vinculada con las Directrices Voluntarias del derecho a la alimentación.

Las directrices tienen como finalidad establecer principios y estándares internacionales para adoptar prácticas de gobernanza responsable y proporcionar un marco que los Estados, la sociedad civil y el sector privado, puedan utilizar para desarrollar sus propias estrategias, políticas, legislaciones, programas y actividades.

Las directrices deben permitir a las autoridades del gobierno, al sector privado, a la sociedad civil y a los ciudadanos de juzgar si las acciones propuestas constituyen prácticas aceptables.

Por su naturaleza voluntaria las directrices tratan un mayor número de temas aunque no establecen obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados o para las organizaciones internacionales y tampoco reemplazan a las leyes nacionales o internacionales, tratados o acuerdos.

Sin embargo, la adopción progresiva de las directrices por parte de los Estados sentarán las bases para las acciones futuras a través de una estrategia para su futura implementación y la elaboración de directrices complementarias, materiales de formación y promoción y planes de acción nacional.

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/59659



Servindi, 17 de febrero, 2012.- Un debate en torno a los límites de la propiedad de la tierra confrontó ayer a quienes postulan su crecimiento ilimitado y a los que proponen que debe democratizarse el acceso a la tierra a fin de asegurar la soberanía alimentaria.

La Audiencia Pública: Límites a la Propiedad de la Tierra, fue organizada por la Comisión Agraria del Congreso, en virtud al proyecto de Ley N° 763/2011-CR, que propone un límite de 10 mil hectáreas para la costa, 5 mil Ha. para la sierra y 20 mil Ha. para la selva. Además que ningún valle o cuenca tenga un solo propietario que acumule más del 30 por ciento de la tierra agrícola.

El proyecto y su exposición de motivos es una modificación del proyecto de Ley N° 545/2011-CR, que propone un límite de 25 mil Ha.

Hace días Luis Ginocchio, ministro de Agricultura, Luis Ginocchio, expresó la intención de su sector de poner límites a la propiedad de las tierras, con el fin de proteger a los pequeños y medianos agricultores.

Como es sabido, recientemente el Grupo Gloria adquirió 15,000 hectáreas del proyecto Olmos, con lo cual acumulará alrededor de 80,000 hectáreas en el país.

Un consenso general es que el tema es complejo y controvertido, por lo que deberán realizarse audiencias descentralizadas. De esta manera el debate recién se inicia y José León Rivera, presidente de la Comisión, anunció una próxima sesión en la localidad de Chiclayo.

Propiedad y seguridad alimentaria

La jornada fue inaugurada por Daniel Abugattás, presidente del Congreso, quién enfatizó que el límite a la propiedad de la tierra deber estar relacionado al concepto de seguridad alimentaria para que permita al país salir definitivamente del subdesarrollo.

Expresó que la propiedad de las tierras debe garantizar la seguridad alimentaria y se mostró en contra de fijar límites a esta propiedad.

“No importa que alguien tenga 60,000 hectáreas, si 20,000 están destinadas a la alimentación popular cómo voy a oponerme si alguien tiene una cantidad importante para alimentar al pueblo”, comentó.

Señaló que el Estado en un principio subsidiaba al campesino, pero ahora los subsidios se han orientado a los empresarios que compran por 4,500 dólares tierras valoradas en 20,000 dólares, en referencia a los lotes del proyecto Olmos.

Abugattás anunción que próximamente dará a conocer sus aportes para el debate de los proyectos de Ley que proponen establecer límites a la propiedad de la tierra de uso agrícola.

La posición privada neolatifundista

Juan Varillas, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), expuso que colocar límites a la propiedad agrícola resta competitividad a ese sector y económicamente siempre será contraproducente. Cuestionó además que exista una base legal suficiente para esta restricción.

Agregó que es importante velar porque la concentración del poder económico no perturbe las dimensiones social y política del país, pero también es importante construir una normativa que armonice estas tres dimensiones.

En un medio más dinámico y cambiante es cada vez menos práctico establecer restricciones absolutas como un límite a la propiedad de la tierra, señaló.

La posición de la ADEX fue secundada por Guillermo Van Oordt, presidente de la Asociación de Gremios Agroexportadores (AGAP) quién expresó su preocupación por la gran “informalidad en el sector agrario” y enfatizó en la necesidad de asegurar un uso más eficiente del agua.

Alfredo Bullard, representante de la Cámara de Comercio de Lima, destacó que el proyecto tiene un débil análisis de costo y beneficio y no presenta un claro “interés público”. Además, carece de una evaluación sustentada pues la última data es del Censo Agrario de 1994 y se requiere información para regular.

La posición democratizadora

Lucila Quintana, presidenta de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), defendió el acceso democrático a la tierra orientada a la producción nacional y a la soberanía alimentaria.

En tal sentido consideró prioritario que el Estado peruano culmine la titulación en el sector agrario y brinde facilidades para que los pequeños y medianos productores organizados accedan a las tierras ganadas para la agricultura con inversión pública.

Quintana cuestionó que las tierras obtenidas con proyectos de irrigación solo sirvan para grandes inversionistas, a pesar que son financiados con el dinero de todos los peruanos.

Los productores de café tienen propiedades de 1 a 5 hectáreas y son altamente competitivos, afirmó la representante de Conveagro, quién con su testimonio personal rebatió la tesis de que sólo la gran inversión es competitiva.

Finalmente, Lucila Quintana pidió atender la agenda agraria y trabajar una estrategia integral para el campo. “Nuestro tema es alimentar a 30 millones de habitantes en el Perú”, afirmó.

Por su parte Jorge Prado, de la Confederación Campesina del Perú (CCP), demandó al actual gobierno profundizar los grandes cambios que ofreció en su campaña y en este sentido valorar y atender a las comunidades campesinas y a los pequeños agricultores.

Fernando Eguren, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), y Reynaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias, sostuvieron que la norma contribuirá a evitar la reconcentración excesiva e irracional de la propiedad de la tierra y evitar que un propietario influya en la junta de regantes de un valle o sector.

Eguren expresó su preocupación por que el Estado peruano subsidie en 15,500 dólares por hectárea a los grandes inversionistas privados otorgándoles lotes en Olmos a un precio de US $ 4,500 cuando su costo real es de 20,000 mil dólares por hectárea.

Eguren defendió la atribución del Estado de decidir políticas de propiedad agraria y orientar la producción agraria porque están de por medio recursos públicos y la necesidad de atender la alimentación de la población.

Fernando Eguren consideró que el tema de la tierra ha adquirido nuevamente importancia no solo en el Perú, sino en el mundo, a raíz de los procesos de concentración de la propiedad de la tierra que está ocurriendo en diversas partes del orbe.

Eguren también cuestionó el mito de que sólo la gran inversión es eficiente o atractiva. Al respecto indicó que la agricultura familiar asociada se adapta mejor a los diversos cambios y factores de la producción.

Reynaldo Trinidad Ardiles señaló que está de acuerdo con la grande, mediana y pequeña propiedad; pero no lo está con la “propiedad ilimitada”, que quisiera tener como únicos límites los fronterizos como país.

Mostrando un aviso periodístico de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) en el que se denuncia los intentos de una supuesta “reforma agraria” Trinidad criticó a ciertos sectores gran empresariales que intentan confundir a la opinión pública para defender sus intereses particulares.

Señaló que la propuesta de limitar la propiedad de la tierra agrícola no tiene nada que ver con una reforma agraria, debido a que no es lo mismo proponer una redistribución de la propiedad de la tierra a fijar límites en su expansión ilimitada.

 

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/59548



Las limitaciones que se propone establecer a la extensión de la propiedad de la tierra agrícola o con aptitud agrícola deben estar “amarradas al concepto de seguridad alimentaria”, afirmó el jueves 16 el presidente del Congreso de la República, Daniel Abugattás, al inaugurar la audiencia pública ‘Límites a la Propiedad de la Tierra’, que se desarrolló en el Palacio Legislativo.

“No se trata de poner límites por ponerlos”, explicó Abugattás, sino de asegurar la producción agrícola que permita lograr la seguridad alimentaria, que es la única forma de salir del subdesarrollo.

Agregó que se debe entregar la propiedad de la tierra con el compromiso de favorecer la alimentación de los peruanos, y cuestionó que el Estado haya entregado tierras a particulares en el proyecto de irrigación de Olmos, a precios subsidiados, sin esa condición.

El titular del Legislativo se pronunció a favor del proyecto de ley presentado por el congresista José León Rivera (AP), presidente de la Comisión Agraria, y adelantó que en su oportunidad presentará algunas sugerencias para proponer límites a la propiedad de la tierra no sólo para la actividad agrícola, sino también para las destinadas a la explotación petrolera y forestal.

En la audiencia, que se realizó en el hemiciclo ‘Raúl Porras Barrenechea’, con la participación de especialistas vinculados al tema, se explicó que la iniciativa legislativa está acorde con la Constitución Política del Perú y tiene el respaldo de una sentencia del Tribunal Constitucional en el mismo sentido.

Al respecto, abogado Juan Bardelli Lartigoyen, directivo de la Comisión de Legislación Agraria del Colegio de Abogados de Lima, explicó que en su artículo 70º la Carta Magna señala que la propiedad “se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley”.

Dicho artículo fue interpretado por el TC en la sentencia del expediente 05614-2007-PA/TC, en la cual precisa que con esa disposición se deja establecido la función social que debe cumplir la propiedad privada, como institución jurídica y como derecho positivo, a fin de satisfacer no solo los intereses privados de sus titulares, “sino que al propio tiempo también satisfaga los intereses sociales o colectivos que resulten involucrados en el uso y disfrute de cada tipo de bien”.

Así mismo, explicó que el artículo 88º de la Constitución Política, además de garantizar el derecho de propiedad de la tierra, permite a la ley “fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona”.

El proyecto de ley propone fijar en diez mil hectáreas el límite de extensión de la propiedad agrícola en la costa; en cinco mil en la sierra y 20 mil en la selva; con el añadido de que en ningún valle o cuenca un solo propietario pueda acumular más del 30% de la tierra.

Al inicio de la audiencia, el legislador León Rivera explicó que el evento había sido organizado para analizar la conveniencia o inconveniencia de limitar la propiedad de la tierra en nuestro país, sin que ello signifique “realizar una nueva reforma agraria” ni provocar pánico o poner nerviosos a algunos sectores.

“Por eso hemos convocado a esta audiencia: para analizar y debatir la propuesta con los especialistas”, dijo.

En la reunión expusieron también el jefe de la Escuela de Historia de la UNMSM, Waldemar Espinoza Soriano; Aníbal Sánchez, subjefe de Estadísticas del INEI; Reynaldo Trinidad, director de la revista especializado AgroNoticias, y Fernando Leanes, representante de la FAO en nuestro país, entre otros.

Fuente:
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/8695cbe9c8516246052579a6006e3453/?OpenDocument



El experto en temas agrarios, Fernando Eguren, abordó en reunión de trabajo, organizada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) el tema "Concentración de la propiedad de la tierra", que tiene importancia para la economía y el desarrollo en un horizonte de corto, mediano y largo plazo.

El experto agrario señaló que el problema de concentración de las tierras no es nuevo y ha afectado a países como Laos, Camboya, Ucrania, Rusia, Brasil y Argentina. Sus causas se asocian a ciertos cultivos como los denominados agrocombustibles y otros cultivos específicos como la soya y caña de azúcar; debido a factores especulativos y la presencia de empresas transnacionales y translatinas que manejen importante superficies agrícolas.

En el caso de Perú, antes de 1994, el 75.4% de la tierra era de la pequeña agricultura (menor a 20 hectáreas). El 12.5% poseía entre 20 y 100 hectáreas y el 12.1% tenía tierras por  encima de las 100 hectáreas.  Al respecto, anotó que este tema está barnizado por elementos ideológicos donde solo la gran propiedad es lo eficiente y lo pequeño es ineficiente y poco competitivo.

A continuación, estimó que en 2012 las tierras de más de 100 hectáreas alcanzaran el 33.7% del total de las superficies de la costa y que con la tendencia actual al 2021, el 45.4% tendrá dichas dimensiones.

"En 1964 todas las haciendas del valle de Chancay – Huaral sumaban 16,000 hectáreas. Ahora el grupo Romero tiene 30,000 hectáreas y el grupo Gloria 80,000 hectáreas. Si se compara con Europa los limites son menores: España con 1,087 has, Italia con 337 has, Francia 274 has y las mas elevadas de 3,531 has en la República Checa, 3,128 has en Bulgaria y de 2,416 has en el Reino Unido", señaló.

En otro momento de su exposición, Eguren indicó que en los últimos años la concentración de la tierra ha sido la norma a través de las nuevas irrigaciones, el mercado de tierras, la conversión de las cooperativas agrarias azucareras en empresas privadas y los cambios de dueños; además de los denuncios y concesiones; la producción de biocombustibles, entre otros.

Asimismo, señaló que existen diferentes políticas para regular el tamaño de las propiedades, tales como los límites señalados por la constitución y la ley, o a través de impuestos a la tierra, la distribución de las tierras en las grandes irrigaciones y la eliminación de subsidios a la gran propiedad, factores sociopolíticos y ante todo el tipo de modelo de desarrollo que se desea para el país. (de asalariados o de propietarios). Eguren insistió en las razones para limitar la gran propiedad en razón a la  escasez de tierra. Finalmente, señaló que es necesaria una política de tierras y del uso responsable de estas para garantizar la seguridad alimentaria.

Fernando Eguren es licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Tiene estudios de postgrado en Sociología en la 'École Pratique des Hautes Études de Paris, Francia y en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Además, es miembro fundador y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). Director de la revista Debate Agrario. Vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (IPROGA). Miembro del Consejo Directivo del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA).

Entre sus publicaciones más recientes destacan:"Políticas agrarias: una evaluación de dos décadas", "Las ONG y el desarrollo rural: Un ensayo provisional",  "Reforma agraria y desarrollo rural en el Perú", entre otras.

Fuente:
http://www.ceplan.gob.pe/noticias/-/asset_publisher/q7OD/content/erroneamente-se-afirma-que-solo-la-gran-propiedad-agricola-es-eficiente-y-competitiva?redirect=http%3a%2f%2fwww.ceplan.gob.pe%2finicio%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_q7OD%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_



Servindi, 9 de febrero, 2012.- Cajamarquinos, puneños, ayacuchanos, arequipeños, lambayecanos, cusqueños, loretanos, trujillanos, huancaínos, ancashinos, pasqueños, piuranos, huancavelicanos, en fin, delegaciones de casi todos los departamentos del país marcharán mañana en las calles de Lima por un problema que ha cobrado carácter nacional: el acceso al agua y la protección de las cabeceras de cuenca.

Hoy en horas de la mañana, más de mil pobladores de la parte norte de Lima recibieron con una lluvia de aplausos, música y algarabía a los caminantes de la Marcha del Agua. No se solidarizaban únicamente con el caso de Cajamarca y el proyecto minero Conga, sino que se sumaban como una región más a las demandas para que se declare intangible las nacientes, se prohíba el uso de mercurio y cianuro en minería y se considere el acceso al agua un derecho humano.

Fueron nueve días de marcha por la costa norte del país y un tramo en la sierra de Cajamarca, a la antigua usanza: con alegría, cánticos, pagando la tierra ante las divinidades ancestrales y sin actos de violencia. En cada parada la población expresaba con naturalidad su apoyo con productos tiernos y chichas frescas para los caminantes. Ha sido ciertamente una experiencia única en varias décadas.

Y tras esta experiencia única de haberse coronado una marcha de nueve días por cinco departamentos del país, estamos a vísperas de otra experiencia singular en décadas: la marcha de mañana con delegaciones de la mayoría de regiones y de decenas de organizaciones sociales.

Las veces que apreciábamos algo parecido era cuando el gobierno paseaba residentes de la capital con trajes típicos de sus terruños y, en efecto, delegaciones provinciales traídas en buses alquilados por el Estado. Eso hacía el Indepa en la época de Alan García, por ejemplo.

Lo de ahora se llama voluntad. Libre albedrío para designar una comitiva que venga a Lima y marchar por su comunidad. Libre determinación para decir presente en una marcha que busca incidir en mejorar las políticas ambientales e hídricas.

No hay cabezas visibles en la marcha, mejor dicho, hay demasiadas cabezas. No hay necesidad de que el Gobierno y el aparato oficialista politice este reclamo. Se trata de propuestas técnicas de los ciudadanos para vivir en un medio ambiente sano. La población espera que el Gobierno emita un gesto de buena fe, respeto y apertura.

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/58909#more-58909



Servindi, 6 de febrero, 2012.- Autoridades ediles de la provincia de Chumbivilcas y dirigentes del distrito de Llusco en Cusco convinieron con el Ejecutivo la instalación para mañana 8 de febrero de la mesa de diálogo para resolver la demanda con la minera Anabi SAC.

En la reunión celebrada ayer domingo se acordó el lugar donde se espera la conformación de la comisión de alto nivel integrada por representantes del gobierno central.

Según el parlamentario cusqueño Rubén Coa Aguilar, quien forma parte de las coordinaciones para el encuentro con los representantes del Ejecutivo, la cita ya no será en el distrito de Llusco como se pensó al inicio sino en Santo Tomás, capital de la provincia de Chumbivilcas.

El miércoles llegarían los representantes del ministerio de Energía y Minas y funcionarios de otras instituciones vinculadas al tema.

Los pobladores de Llusco consideran que las actividades extractivas de Anabi SAC perjudica las aguas de los ríos Molino y Santo Tomás, usadas para la agricultura, ganadería y consumo humano.

Coa Aguilar consideró un exceso la toma del campamento de Anabi SAC producida hace unos días y pidió a la población del lugar y a la empresa minera mantener la tranquilidad.

Indicó de otro lado que no se han comprobado de saqueos y actitudes violentistas por parte de los pobladores tal como viene informando la empresa minera.

Para el día de hoy se esperan los resultados de la reunión de trabajo que sostendrán en Cusco el presidente regional Jorge Acurio, el alcalde provincial de Chumbivilcas, Florentino Laime, el burgomaestre de Llusco, Jaime Mantilla y otras seis autoridades distritales.

Desde el jueves 2 una comitiva integrada por representantes de los ministerios de Energía y Minas, Interior y de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM se encuentra en Cusco para coordinar el encuentro.

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/58673



Fernando Cillóniz, dijo que prefiere que las tierras de Olmos estén en varias manos y no solo en una, pero no hubo muchas empresas interesadas en la subasta. Y no descarto la posibilidad que Coazucar o Gloria, participen nuevamente en la segunda subasta de las tierras de Olmos que se realizara en el mes de marzo.

Fuente:
http://www.radiowebrural.com/node/5054



Los productores agrarios del país demandan con urgencia al Estado, a través del Ministerio de Agricultura (Minag) y los Gobiernos Regionales, culminar el proceso de titulación de tierras, medida la cual les permitirá convertirse en sujetos de crédito y poder calificar a los diversos programas estatales que ofertan recursos.
 
Así lo sostuvo la presidenta de Conveagro, Lucila Quintana, quien manifestó que si bien es necesario poner límites al tamaño de la propiedad de la tierra; resulta prioritario que los más de dos millones de productores agrarios se sientan dueños de las parcelas y fincas que trabajan para vivir generando recursos y empleo en el país.
 
En ese sentido, reiteró el pedido al gobierno de cumplir con la  transferencia de los S/. 100 millones que por la Ley de Relanzamiento le corresponde al Agrobanco.
 
“La titulación de tierras y el crédito agrario van de la mano y son temas que el gobierno debe atender con prioridad”, agregó.

Fuente:
http://www.larepublica.pe/03-02-2012/productores-agrarios-piden-culminar-proceso-de-titulacion-de-tierras



El debate por la concentración de tierras de cultivo marcará una interesante toma de posición para un gobierno, todavía, en búsqueda de identidad.

Luis Ginocchio, titular del Ministerio de Agricultura (MINAG), ya anunció que su cartera prepara una propuesta que se sumará a las dos que corren en el Congreso. “No tenemos información oficial sobre la extensión de las propiedades”, señala uno de sus técnicos, “las últimas cifras son del año 94”.

El MEF ya asignó una partida inicial de S/. 20 millones para el IV Censo Nacional Agropecuario –presupuestado en un total de S/.113.8 millones–, que permitirá un conocimiento certero de cómo está dividido el territorio en el Perú. Hasta entonces, las estimaciones más exactas sean tal vez las de la comisión de Agricultura del Congreso.

Según estas, el primer lugar en tenencia de tierras se lo lleva –de lejos– el grupo Gloria, con un aproximado de 81 mil hectáreas. Ni más ni menos que casi el total del área urbanizada de Lima metropolitana (84 mil ha. según el censo de 2007), espacio en el que viven más de 8 millones de personas.

Desde 2006, los Rodríguez Banda invirtieron con fuerza en el sector azucarero. Ese año compraron Casagrande (29,383 ha.) y Chiquitoy (3,200 ha.), en 2007 Cartavio (11,000 ha.) y Sintuco (1,414 ha.) y en 2009 adquirieron San Jacinto (12,337 ha.). En diciembre del año pasado compraron 15,600 ha. del proyecto Olmos. Al hacerlo a través de dos subsidiarias distintas (Coazúcar y Gloria) pudieron comprar terrenos en dos de los tres sectores en que está dividida el área irrigada. En las bases se impedía postular a compras en más de un sector, justamente para evitar que una empresa resulte tan beneficiada de la inversión estatal.

El segundo lugar lo ocupa el grupo Romero con más de 32 mil ha., repartidas principalmente entre el fundo Caña Brava (7,000 ha.) comprado en 2006, e inversiones de palma aceitera (Palmas del Espino: 13,000 ha. en Palmawasi y 6,163 ha. en Shanusi) que vienen desarrollando desde la década de los 80’s, y que ya anunciaron que llegarían a las 25 mil ha. para 2016.

El grupo Oviedo tendría el tercer lugar con alrededor de 21 mil hectáreas productivas azucareras. En 2004 se hicieron accionistas de Pomalca (12,500 ha.), fundo en el que el Estado tiene la tercera parte –que es la mayoría– de las acciones y en el que se discute todavía la preferencia de ventas hacia los trabajadores. Tumán (12,311 ha.) pasó a sus manos en 2006.

El grupo Dyer alcanza el cuarto puesto con 20 mil hectáreas productivas. Aunque según reconoce el propio grupo, Camposol, su principal propiedad, comprada en 2007, podría darle la vuelta al ránking: posee 93 mil ha., pero actualmente solo se trabajan 12 mil.

El quinto lugar lo comparten el grupo Gandules –con 13 mil hectáreas repartidas en los fundos Cerro Colorado y San Pedro–, y el grupo de capital colombiano Manuelita.

El fuego cruzado no se ha hecho esperar. Mientras la Cámara de Comercio de Lima, CONFIEP, COMEX y ADEX ya se pronunciaron contra cualquier propuesta restrictiva que pudiese ahuyentar las inversiones, el congresista José León, presidente de la Comisión Agraria, anunció a CARETAS un proyecto para desestimular la concentración gravando la posesión de terrenos que superen un máximo a establecerse. Otra fuente de Perú Posible aseguró que se la jugarán toda por la propuesta.

Juan Varillas, presidente de ADEX Comex y también gerente general del grupo Gandules Comex, advirtió que con estas normas “no se hubiese desarrollado el sector agroexportador, que en la última década permitió la exportación de 309 productos nuevos a 64 destinos”. Antonio Becerril, gerente general del grupo Oviedo, indicó que se debe diferenciar entre personas naturales y jurídicas. “Además se debe encontrar una fórmula que tome en cuenta la participación en el accionariado en función del terreno total”. Fernando Devoto, del grupo Gloria, respalda una posición semejante: “mucho se habla de que Gloria tiene miles de hectáreas, pero trabajamos con empresas diferentes, y en Casagrande por ejemplo, tenemos el 57% de las acciones, no el total”.

Para Fernando Eguren, del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), lo más peligroso es el control político que se puede ejercer sobre los valles o tierras irrigadas a través de estos grandes grupos. “Se pone una barrera de ingreso a pequeñas y medianas inversiones. Es una visión política hecha para que haya muy grande inversión”. En la reciente subasta de 38,000 ha. de Olmos, la compra mínima era de 250 ha. A un precio referencial de US$ 4,250 por ha., la inversión mínima era de US$ 1 millón.

“Acá se toma como referente de éxito el nivel de inversión sin considerar familias beneficiadas. En Europa se habla de granjas familiares, y no hay terrenos de más de 2 mil hectáreas”, compara Eguren.

Curiosamente, César Rivas, presidente de la Junta Nacional de Café, sí resaltó este concepto al anunciar que 165 mil “familias de pequeños productores” lograron envíos al exterior por US$ 1,550 millones. Rompieron récord y lideraron la exportación agrícola de 2011.

“La decisión final es política, evidentemente”, concluye el investigador del CEPES.

La pelota está en la cancha del ministro Ginocchio. Aunque en su despacho trabajan bajo hermético silencio, en su aparición en el Congreso del 18 de enero, sí anunció que el proyecto que preparan “permitirá evitar que la equidad sufra en aras de la eficiencia”. (Israel Guzmán)

Fuente:
http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S&id=12&idE=996&idSTo=0&idA=56997